jueves, 4 de diciembre de 2014

REUNIÓN CON EL NOTARIO FRANCISCO PIZARRO


REUNIÓN MARTES DÍA 2/12/2014

Rafael Pozo,
Francisco Pizarro.
Fernando Ortiz.












El pasado martes día 2 la asociación  A.D.E.V.I.F  tuvimos una reunión  con D. Francisco Pizarro, debido a que se trataron algunas cuestiones que el Decano estimó son interesantes para la Opinión pública en general.
La primera es que el ciudadano debe de saber que tiene la posibilidad de elegir él mismo el Notario cuando necesite escriturar, celebrar algún acto o dar fe pública de cualquier cuestión. 
Además puede solicitar con tres días de antelación al Notario, copia de la documentación que va a firmar, por si desea analizarla, observarla o cotejarla.
Tiene derecho además a solicitar una copia de la documentación firmada en el mismo acto o requerirla a continuación sin necesidad de aplazarlo unos días.

Esta es la información remitida por parte del Colegio.
Por nuestra parte, si alguna persona tiene dudas o se encuentra afectado por alguna actuación notarial, también quedamos a su disposición como Asociación.

-Hemos convenido en que una comisión neutral revise las escrituras de los afectados, dado que en ninguna escritura figura contrato de préstamo sobre la que supuestamente se sustenta. Por otra parte,  es posible que en la observación se detecten otras faltas, fallas o defectos que pudieran considerarse a efectos de corrección y llegado el caso (que es el que nos gustaría), de invalidación.
Esto nos permitiría acudir a los juzgados para solicitar la anulación de los procedimientos que se están ejecutando o que ya se han ejecutado.

No dudes en ponerte en contacto con nosotros y así poder denunciarlo y se revise tu escritura.





jueves, 2 de octubre de 2014

REUNIÓN DE JUECES




                                                      PUBLICADO POR EL DIARIO DE TERUEL 

                                                                  EL 2/10/2014

Alrededor de 40 jueces procedentes de las tres provincias aragonesas han participado durante tres días en la XV edición de las Jornadas Jurídicas que ayer concluyeron en Albarracín. Allí, expertos en diversas áreas han ofrecido ponencias sobre las leyes que afectan a los consumidores derivadas de la problemática surgida a consecuencia de la crisis económica actual.
Los expertos han reflexionado sobre la situación de los ciudadanos y la respuesta que desde la Justicia se está dando a los problemas de los consumidores. "La crisis ha multiplicado las reclamaciones tanto de los consumidores como frente a ellos", comentó Paco Polo, que es magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza y director de las jornadas jurídicas.
El responsable de la actividad explicó que por una parte llegan a los juzgados casos de consumidores que, a causa de la situación económica que atraviesan, dejan de cumplir con las obligaciones contraídas con entidades bancarias. También hay otro tipo de casos derivados de la adquisición por parte de pequeños ahorradores de productos financieros. "Se trata de inversiones que en tiempo de bonanza funcionaban razonablemente bien pero en situación de crisis se hunden y arrastran no solo a especuladores, sino también a consumidores que habían comprado ese producto de buena fe pero descubren que no es exactamente lo que ellos creían", argumentó Polo.
En términos cuantitativos hay más expedientes abiertos contra particulares, aunque el magistrado señaló que también "son muy numerosas" las quejas en relación a productos bancarios. Lo más frecuente es que el particular alegue que no se le informó de forma adecuada en su compra y lo que hacen los jueces es "analizar cada caso concreto" y resolver protegiendo al consumidor.
Y es que, como señaló Pepe Polo, los encargados de impartir Justicia conocen los problemas de los ciudadanos porque también son consumidores. "La realidad social es uno de los elementos que nos ayudan para interpretar la norma, pero somos servidores de la ley, podemos interpretarla pero no vulnerarla. Nuestro límite es siempre el respeto de la ley", concluyó Paco Polo.
Entre las ponencias que se han impartido durante estos tres días en la Fundación Santa María cabe destacar la de Ignacio Sancho, que es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y que tuvo como primer destino el Juzgado de Alcañiz. El especialista expuso la jurisprudencia más reciente sobre cuestiones vinculadas con los consumidores y entre las sentencias analizadas había algunas del pasado mes de julio.
El curso está coordinado por el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Julio Arenere, quien destacó la necesidad que había de abordar el tema. Además, lanzó un mensaje tranquilizador al apuntar que los consumidores cuentan con muchas medidas de protección.

martes, 19 de agosto de 2014

INVESTIGACIÓN




La Policía investiga una trama corrupta de #jueces y administradores concursales

José L. Lobo 21/07/2014
#Anticorrupción 
encarga un informe a la udef


La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (#UDEF), un cuerpo policial adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de la investigación.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados administradores concursales de Luxender por el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de Togores.

Sede de Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)Sede de Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)
Este último forma parte del restringido circuito de jueces mercantiles que participan en conferencias y congresos, todos remunerados, organizados por los principales despachos de derecho concursal, a los que acuden con todos los gastos pagados y en días laborables. Esos mismos jueces adjudican luego a dedo algunos de los procedimientos concursales más codiciados a los patrocinadores de esos foros. Además de Seller Roca de Togores, también nutren ese exclusivo círculo Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil 2 de Madrid; Santiago Senent, del 7 de Madrid; Juan Manuel de Castro, del 10 de Madrid; José María Tapia, del 1 de Burgos, o Víctor Fernández, del 1 de Palma, entre otros.

Liquidación "fraudulenta"

En su documentada denuncia ante la UDEF, García sostiene que Ramos Fortea y García Gascón, "valiéndose de la colaboración de otras personas externas al concurso", entre las que cita a abogados, economistas y ejecutivos bancarios, "han defraudado" a Luxender y la han llevado "al límite de la liquidación". Una liquidación que el tercer administrador concursal de la mercantil, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores de la compañía, ha calificado de "fraudulenta" en diversos informes entregados a la Agencia Tributaria y al actual titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Salvador Calero.

La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente formarían parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros, según las fuentes consultadas. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del circuito de los concursos de acreedores en casi todo el territorio nacional, como puede verse en el cuadro anexo, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia en la que un empresario acusaba a dos administradores concursales -un economista y un abogado- de haber vaciado su empresa

La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación consultadas. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado un informe a la UDEF, que estará listo a finales de agosto o primeros de septiembre, antes de decidir si remite las actuaciones a la Audiencia Nacional, aseguran las citadas fuentes. 

Créditos ocultos

Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales de Luxender, ocultaron supuestamente de forma deliberada, en el informe concursal que entregaron al juez, derechos de cobro a favor de la inmobiliaria por valor de 23,6 millones de euros de Banco Guipuzcoano, Caixa Galicia, Banco Popular y CAM. Así, pese a que esta última adeudaba a Luxender 2,98 millones de euros en concepto de certificaciones de obra ejecutada y no pagada, Ramos Fortea, García Gascón e Iván Cristóbal negociaron directamente con directivos de la entidad –hoy Banco Sabadell– y detrajeron esa cantidad de la masa del concurso, beneficiando a la CAM en detrimento del conjunto de acreedores.

El tercer administrador concursal, Desiderio Soler, denunció repetidamente al juez Calero desde 2011 los "hechos irregulares ocurridos en el concurso, que pueden provocar un perjuicio aún mayor [a Luxender] del que ya han causado [los administradores concursales] si no se adoptan medidas cautelares al respecto por parte del juez". Y añadía: "El caso paradigmático es el de la CAM, que pretende ejecutar un préstamo hipotecario garantizado con 25 viviendas sobre las que existe un contrato de compra por esa entidad que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2. Es decir, que la CAM pretende ejecutar sus propias viviendas compradas".

En cuanto a Caixa Galicia, Soler apunta: "Esta entidad ha obrado de forma muy irregular, no sólo por autorizar el cobro de un cheque a sabiendas de que los perceptores no estaban autorizados y que las firmas no eran las legítimas, sino además por no hacer frente al pago de sus obligaciones, conociendo la situación de la mercantil, y aprovecharse de esto para ejecutar inmuebles. Se puede decir que el expolio causado por esta entidad ha sido espectacular", y que "ha realizado maniobras engañosas que han perjudicado enormemente a la concursada". La deuda de Caixa Galicia con Luxender ascendía a 5,25 millones de euros. Sin embargo, los administradores la ocultaron en su informe al juez.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF ya emitió un informe en el que consta el pago por Caixa Galicia de un cheque de Luxender por importe de 294.212 euros a los abogados Naveros y Oñate, que cobraron fraudulentamente tras falsificar las firmas autorizadas de la inmobiliaria, con la connivencia de Ramos Fortea y García Gascón. Estos también falsearon supuestamente el informe concursal para aumentar a 116.000 euros los honorarios del perito García Llorens, que el juez había fijado en 60.000 euros; manipularon ese mismo informe para atribuir un salario de 222.919 euros a otro presunto miembro de la trama, Iván Cristóbal, por unas auditorías que jamás realizó, y ocultaron una deuda tributaria de Luxender de 6,39 millones de euros.

'Cortejar' a los jueces 

La retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que muchos abogados y economistas cortejen a jueces mercantiles ofreciéndoles impartir conferencias y ponencias generosamente remuneradas en congresos y foros sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total. A cambio de esos pagos en especie, los despachos profesionales confían en que los jueces les adjudiquen los concursos más jugosos.
El tercer administrador concursal de Luxender, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores, ha calificado la liquidación de 'fraudulenta'

De los 9.660 procedimientos concursales que hubo en España el pasado año, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros, las piezas más codiciadas por abogados, economistas y consultores. Pero, según datos del Colegio Notarial, casi el 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores acaba echando el cierre. Empresas concursadas y sus acreedores acusan de forma generalizada a los administradores de alargar los procesos, preferir siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo, ponerse los primeros en la lista a la hora de cobrar.

El Gobierno acaba de anunciar que suprimirá la potestad de los jueces mercantiles para nombrar discrecionalmente a los administradores concursales. Esa modificación se introducirá en una enmienda a la ley de refinanciación y reestructuración empresarial que actualmente se tramita en el Congreso. La intención de esa enmienda es crear un registro o colegio de administradores con unos requisitos específicos para acceder a la figura de administrador concursal, así como unos procedimientos claros para su selección por los jueces.

lunes, 21 de julio de 2014

EL PAIS

El tribunal de la UE también considera abusiva la reforma de la ley hipotecaria

Afirma que los afectados están en inferioridad de condiciones frente a los bancos

 Madrid 17 JUL 2014 - 22:07 CEST
Segunda condena en poco más de un año del Tribunal de Luxemburgo a la ley hipotecaria española. Los jueces de la UE consideran que la ley deja en inferioridad de condiciones a los usuarios frente a los bancos: los afectados no pueden recurrir ante determinadas resoluciones desfavorables, mientras que las entidades sí pueden hacerlo.
Es el segundo revés que recibe España por parte de la justicia europea sobre este punto. En marzo del año pasado los jueces de Luxemburgo criticaron la ley hipotecaria y dictaminaron que los jueces españoles podían suspender cautelarmente las ejecuciones —e impedir el desalojo de los afectados— mientras se resolvía el procedimiento sobre la posible existencia de cláusulas abusivas en su contrato.
El Gobierno reformó poco después la ley para cumplir los requerimientos de Europa, pero a los jueces de Luxemburgo el cambio no les ha parecido suficiente. El tribunal estima en esta ocasión que el deudor queda en situación desfavorecida frente a su entidad bancaria en el régimen de recursos a las resoluciones judiciales. El deudor que alega que su hipoteca incluye cláusulas abusivas no puede recurrir en caso de resolución contraria. El banco, sin embargo, sí puede interponer recurso si le quitan la razón.
El Tribunal de la UE pide a España que modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil (del año 2000) para que los afectados en procesos de ejecución hipotecaria puedan oponerse a una resolución judicial desfavorable, en cumplimiento de la directiva de protección de los consumidores que aprobó la UE hace 20 años, en 1993.
Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea
José María Fernández Seijó, juez mercantil de Barcelona
El Gobierno, que tuvo que pedir un rescate a Europa para salvar a los bancos, no ha sido igual de diligente en la protección de las personas en peligro de desahucio. Y ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Europeo quien le dé un segundo revés.
El juez mercantil de Barcelona que originó el varapalo anterior, José María Fernández Seijó, ha leído la nueva sentencia: “Lo que destacan los jueces de Luxemburgo es que si se le da la razón al consumidor, cabe recurso por parte del banco, pero si se le da la razón a la entidad, el deudor no puede interponer recurso. Y eso no se ajusta a la ley europea”, empieza. “Una vez más, lo que nos dice Europa es que nuestra ley es una chapuza. Lo que puede suponer esta sentencia es que, aunque la ley no lo permita, los jueces empecemos a aceptar recursos de los afectados en cumplimiento de la ley europea”.
La sentencia, que se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia y que se ha dictado en tan solo dos meses y medio, tiene su origen en una cuestión prejudicial planteada por José Manuel Marco, actual presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria tiene para recurrir sentencias. La resolución del Tribunal Europeo concluye que los deudores tienen menos posibilidades que la entidad bancaria de oponerse a decisiones desfavorables.
La sección tercera de la Audiencia de Castellón resolvió el 2 de abril de 2014 elevar al tribunal europeo una cuestión derivada de la tramitación de un pleito que enfrentaba a una entidad bancaria y a unos particulares por una ejecución hipotecaria. Entendió el tribunal de Castellón que el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre oposición a la ejecución, en su punto 4, tiene una redacción incorrecta en tanto supone diferentes oportunidades para oponerse a una sentencia desfavorable entre el ejecutante (el banco) y ejecutado (el deudor), informa Europa Press.
La sentencia se ha sometido a un procedimiento acelerado por su importancia; se ha dictado en tan solo dos meses y medio
El artículo dice: “Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación”, y añade: “Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno, y sus efectos se circunscribirán al proceso de ejecución en que se dicten”. Sin embargo, la resolución del tribunal europeo entiende que no cumple el artículo de la directiva europea de protección de los consumidores sobre las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, y tampoco el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que para subsanar la cuestión es necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los bancos en sus nuevas hipotecas se han visto obligados a modificar antiguas cláusulas que imponían a los afectados y que se han ido declarando abusivas por parte de la justicia. Los últimos datos del informe del departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, con datos del primer trimestre de 2014, apuntan a que la cifra de lanzamientos (desalojos por mandato judicial de viviendas y locales, tanto en propiedad como en alquiler) practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013, pero un 7% más que en el último trimestre del año pasado.

martes, 15 de julio de 2014

REUNIÓN ADEVIF



REUNIÓN DE ADEVIF CON DIRECTOR DE CONSUMO DE ARAGÓN







El próximo día 30 de julio celebraremos la primera reunión con la Dirección de Consumo del Gobierno de Aragón con el fin de programar las actuaciones conjuntas a llevar a cabo en materia de estafas financieras.
Como ya sabéis, la Comisión de Economía y Empleo con fecha 12 de mayo del presente aprobó la Proposición no de Ley tras el debate conjunto de las Proposiciones 103/14 sobre Adevif, y 114/14 sobre las medidas de protección a las víctimas de estafas financieras.Así pues, y siguiendo las indicaciones de todos los grupos parlamentarios, nos inscribiremos en el registro de Consumo como asociación para poder canalizar todos los casos que se nos presentan y prevenir los futuros, atendiendo a la Ley 2/2009 de 31 de marzo.

jueves, 10 de julio de 2014

9/6/2014
TV3 ha continuado haciendo un interesante seguimiento de la noticia de la presunta estafadora de la Zona Franca de Barcelona. Al menos una veintena de familias afectadas suscribieron, mediante engaño, préstamos con cifras altas de capital que no recibían, a devolver en plazos muy breves, siempre con un inmueble como garantía.

Francisca Martín, dos personas mayores, aseguran que firmaron sus operaciones ante dos notarios distintos y que ninguno de ellos les leyó las escrituras ni les explicó nada. Querían sólo 9.000 euros para comprar unos muebles y acabaron firmando dos préstamos con garantía hipotecaria por valor de 90.000 euros cada uno. 

Este nuevo reportaje recuerda el caso de Mónica, que creía estar pidiendo 30.000 euros y sin embargo firmó un préstamo hipotecario de 165.000 a devolver en seis meses. Ella asegura que no sólo el notario ni leyó ni explicó nada, sino que ni siquiera el propio prestamista estaba presente en el acto, a pesar de que en la escritura sí figura como interviniente.

TV3 se ha puesto en contacto con el notario que intervino en ese préstamo, pero no ha querido hacer declaraciones delante de las cámaras. Ese notario, que está imputado por otro caso de estafa, asegura que no cometió ninguna irregularidad.

Tal y como en su día advirtió ya el Consejo General del Notariado en un comunicado, el Col-legi de Notaris de Catalunya recuerda que en este tipo de préstamos el fedatario debe estar muy alerta y explicar muy bien el contenido y el significado de los documentos.

José Alberto Marín, vicepresidente del Colegio, recuerda que el notario es un garante de la legalidad y asesor de las partes, especialmente de la persona más débil. Asegura que si un notario no ha actuado correctamente, tendrá "toda la responsabilidad disciplinaria, penal y patrimonial", porque "para eso son notarios, para dar seguridad a los ciudadanos".

En el juicio, que se celebra en enero, no está procesado ninguno de los notarios, ni siquiera los prestamistas que están ejecutando, sólo la intermediaria. 
Categoría: Noticias
1 comentarios:
Belén dijo...
Me ha encantado. Es una noticia excelente. Las palabras de Jose Alberto Marín al respecto son un bálsamo para los afectados que las puedan estar leyendo.
Enhorabuena a TV3 y por supuesto, a este magnífico blog.
16 de junio de 2014, 11:36
6/6/2014

En el informativo de mediodía del pasado 4 de junio, la televisión autonómica catalana, TV3, ha emitido la noticia de una veintena de familias de Barcelona presuntamente estafadas por una mujer que actuó como intermediaria.

Este 
reportaje, de los periodistas Josep M. Camps y Leticia Marcos, comienza con el testimonio de una de las víctimas, Mónica, que compró un piso hace ocho años y necesitaba un préstamo de 30.000 euros para su reforma. La mujer de un compañero de trabajo en quien confiaba se ofreció para hacerle de intermediaria ante una financiera. Mónica afirma que esta mujer la engañó y que le hizo firmar ante notario, sin ser consciente, un préstamo de 200.000 euros, capital que realmente no recibió. La financiera se ha quedado con su piso y le reclama aún diferencia de deuda restante. La afectada afirma que no sabe ya de qué manera demostrar lo que pasó, porque su fallo “fue firmar un papel”. Teme que, además de haber perdido su casa, su nómina quede embargada durante largo tiempo.

TV3 también informa de otro caso, el de Irene y su madre, que están a punto de ser desahuciadas. La madre firmó el préstamo para intentar salvar el piso de su hija, pero tampoco recibió el dinero. No sólo Irene perdió su casa, sino que ahora están a punto de perder también la de la madre.

En ese barrio de la Zona Franca de Barcelona hay más familias estafadas por la misma persona, que han perdido la propiedad de sus casas. La presunta estafadora está en prisión preventiva y se la juzgará en enero por veinte casos diferentes.

Los afectados denunciaron también a las empresas con las que firmaron las operaciones, pero en la instrucción el juzgado no apreció indicios contra ellas, sólo contra la intermediaria. Por ello, estas empresas están forzando ejecuciones hipotecarias y se están quedando los pisos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que está actuando para impedir el desalojo de la familia de Irene, considera que deberían paralizarse las ejecuciones, criterio que desde
ADEVIF compartimos plenamente. Susana Ordóñez, portavoz de la PAH de Barcelona recuerda en sus declaraciones a Telenoticies Migdia que, al haber una causa penal, el juez de primera instancia tiene facultad para suspender el procedimiento civil por prejudicialidad. Deberían dejar en suspenso las ejecuciones mientras no se resuelva el procedimiento penal.

Los afectados también se han quejado de que los notarios que intervinieron en las firmas de los préstamos no les advirtieron ni evitaron todas estas estafas.

Categoría: Noticias
4/6/2014
 Por E. Bayona
Publicado en El Periódico de Aragón, 18.05.2014


La Cortes instan a Pignatelli a ordenar el sector para atajar las estafas. El Ejecutivo no actúa sobre los préstamos pese a llevar cinco años habilitado.

El Gobierno de Aragón regulará la actividad de las empresas que actúan como intermediarios en la concesión de créditos de consumo y deberá crear un registro en el que éstas habrán de estar inscritas para poder operar.

El acceso a la información de este órgano de control debe ser público, según establece la normativa estatal, para cuyo desarrollo están habilitadas las comunidades autónomas desde abril de 2009. Es decir, los dos últimos años del Gobierno del PSOE y los casi tres primeros del PP, ambos apoyados por el PAR.

La Comisión de Economía y Empleo de las Cortes de Aragón aprobó esta semana por unanimidad una resolución en la que fueron fusionados los textos inicialmente propuestos por CHA e IU. En ella instan a la DGA a tomar esas medidas como un medio para proteger a las víctimas de estafas financieras.

La tramitación de créditos de consumo es uno de los procedimientos que algunos estafadores utilizan con relativa frecuencia para cometer sus delitos.

Colocan a sus víctimas productos de escaso valor o les hacen firmar el compromiso de adquisición de otros que no recibirán al tiempo que les ofrecen un plan para financiar la operación.

CINCO AÑOS

En la práctica, ésta suele consistir en la contratación de un crédito de consumo -en ocasiones, especialmente cuando se trata de personas mayores, sin informarles de ello- cuyos fondos van a parar a las cuentas de la empresa que utiliza el estafador, mientras el cliente engañado adquiere el compromiso de devolvérselo al banco.

En ocasiones, los prestamistas actúan como chiringuitos financieros que ofrecen a sus clientes dinero con cómodas condiciones de devolución que luego resultan difíciles de cumplir.

La proposición no de ley aprobada por la Comisión de Economía y Empleo insta a la DGA a "dar cumplimiento" a la disposiciónd e la ley que regula la intermediación crediticia, aprobada en 2009 y que faculta a las comunidades autónomas para establecer sus propias normas en esta materia y para crear registros autonómicos de las empresas que operan en el sector.

ARGUMENTOS

La resolución insta también a la DGA a colaborar con 
ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras) cuando ésta se haya inscrito en el registro autonómico de entidades de consumidores y usuarios.

Además, urge a promover "cuantas actuaciones y medidas sean precisas para evitar que se sigan produciendo este tipo de actuaciones fraudulentas y delictivas, tanto en el ámbito de la divulgacio´n y protección de los consumidores, como con la adopción de las medidas normativas que se entiendan adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de delito".

El texto presentado por Chunta Aragonesista señalaba como uno de los "problemas fundamentales"  para el control de este tipo de créditos el hecho notorio de que "no se consideran una materia financiera y, en consecuencia, quedan al margen de los organismos de control como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Están catalogados legalmente como una materia de consumo, incluso en lo referente a la tipificación de las infracciones y sanciones que éstas acarrean a quienes las cometen.

La propuesta de Izquierda Unida, por su parte, denuncia la actividad de chiringuitos y de prestamistas privados que inducen a las víctimas a "realizar disposiciones patrimoniales que terminan siendo gravemente perjudiciales para ellos, aprovechándose en muchas ocasiones de sus necesidades económicas".

31/5/2014

Tras la comparecencia de una delegación de ADEVIF ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón el pasado 25 de marzo, los grupos parlamentarios de IU y CHA, como ya informamos aquí, registraron sendas propociones no de ley para que el parlamento regional acogiera las propuestas formuladas por nuestros portavoces.
Dichas proposiciones han sido debatidas el 12 de mayo en la sesión de la Comisión de Economía de las Cortes aragonesas y, tras una transaccional pactada con el PP, han resultado aprobadas por unanimidad de todos los grupos representados en la cámara, PP, PSOE, PAR, CHA e IU.
El acuerdo insta al Gobierno regional al desarrollo normativa autonómico en materia de protección de los prestatarios en la contratación de operaciones no bancarias y le pide también que colabore con nuestra asociación ADEVIF para prevenir la comisión de estafas en este ámbito.

Esperemos que cunda el ejemplo en otras comunidades autónomas, adoptando medidas preventivas para evitar nuevos casos de estafas hipotecarias. Desde ADEVIF, trabajaremos en esa dirección.