4/4/2014
El
pasado 25 de marzo, una delegación de nuestra asociación ADEVIF, que agrupa a los afectados por estafas cometidas
por chiringuitos financieros y prestamistas de capital
privado, compareció ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de
Aragón para exponer a los diputados autonómicos la realidad de estas tramas
delictivas y la necesidad de mejorar la respuesta legal frente a las mismas.
Eran
las diez y media de la mañana cuando la presidenta de la Comisión, Ana
Marín, daba la palabra a los comparecientes y, por vez primera, afectados
por estafas hipotecarias intervenían ante un parlamento.
RAFAEL
POZO: "LA JUSTICIA ES LENTA PARA RESOLVER, PERO RÁPIDA PARA
EMBARGAR"
El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo,
explicó cómo se inicia el problema, cuando se incluye a una persona en
registros de morosidad y tiene que recurrir a los prestamistas de capital
privado para salir de esos registros, normalmente solicitando cantidades
pequeñas.
La
firma del préstamo suele ser con garantía hipotecaria y ante notario. Cuando
finalmente el interesado recoge la escritura -que normalmente al principio se
niegan a entregarle- es cuando comprobará que aparece una cifra muy superior a
la recibida, con unos intereses de demora muy elevados y unas condiciones que
no tienen nada que ver con las pactadas.
El
máximo responsable de la asociación explicó que las denuncias judiciales no son
atendidas ni investigadas en muchos casos y criticó en este sentido la
pasividad de la fiscalía. Sin embargo, nuestra Justicia, "que es
lenta para resolver, es muy rápida para embargar, una contradicción que vemos
los ciudadanos de la calle".
Denunció
también la inacción de la Hacienda Pública "ante unas operaciones
que sirven para blanqueo de dinero y evasión de impuestos".
Por
eso nació ADEVIF como asociación, para unir a los afectados y poder denunciar
públicamente.
BELÉN
MARTÍNEZ: "NO ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA ECONÓMICO, SINO DE
DERECHOS HUMANOS"
Le siguió en el uso de la palabra Belén
Martínez, de la Junta Directiva de la asociación, quien consideró que no
estamos ante una cuestión económica, sino de derechos humanos.
Recordó
que estas tramas ejecutan las supuestas deudas "ejerciendo sus
derechos, pero nadie se ocupa de comprobar si cumplen sus deberes, a pesar de
estar denunciadas por nosotros". Unas denuncias que ponen el
acento especialmente en un supuesto capital que no se entrega íntegramente.
Se
quejó de que la falta de respuesta legal y judicial implica una "doble
victimización de los más vulnerables".
Recordó
que "se han subastado viviendas por el valor de un
vehículo" por parte de unas redes que "campan a sus
anchas en los juzgados".
La
reflexión de esta afectada es que, "con lo que nos ha costado
tener un Estado de Derecho, no podemos dejar las cosas así, simplemente
porque 'a mí no me ha tocado'", puesto que
entonces abandonamos a su suerte a "la población más
vulnerable".
Reclamó
un mayor compromiso político: "Aquí hay unas instituciones, sois
nuestros representantes, supranacionalmente también hay organismos que velan
por los derechos fundamentales... Recoged nuestra queja, por favor".
CARLOS
JAVIER GALÁN: "ESTÁN OPERANDO REDES DELICTIVAS CON GRAN
IMPUNIDAD"
Cerró esta exposición inicial del problema el asesor
jurídico de ADEVIF, Carlos
Javier Galán, que detalló los orígenes de esta
situación: "Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del
crédito bancario, especialmente para pymes y particulares, han proliferado
empresas financieras y prestamistas de capital privado. Esto -que en otros
países funciona bien y es una alternativa para aquellas personas que por algún
motivo no pueden tener acceso al crédito bancario- en España se mueve en medio
de la ley de la selva".
Recordó
que en 2009 se regularon por vez primera estas prácticas, pero con un texto
legal claramente insuficiente y, aún hoy, con un alto grado de incumplimiento,
que "se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que
ofrecen dinero". En el mismo sentido señaló que el registro estatal creado
por la ley sigue cinco años después sin poder ser consultado y con un mensaje
de que está en fase de desarollo.
"Mientras
los bancos están sometidos al Banco de España y algunas empresas de inversión a
la CNMV, el sector del crédito no bancario está sometido a los organismos de
consumo, que realmente no están ejerciendo un control de oficio", afirmó.
Más
allá de los abusos e incumplimientos que están denunciando las
organizaciones de consumidores, existe otro fenómeno aún más grave, que
constituye el objeto de ADEVIF: aquellos casos que entran en el ámbito de lo
penal, "en los que se produce literalmente un delito
de estafa". Entre ellos, destacó las ventas de viviendas en
la creencia de que se están aportando como garantía de un préstamo, o las
hipotecas cambiarias en las que se firma de capital muy superior al realmente
recibido. El asesor jurídico de nuestra asociación señaló que, aunque pueda
parecer un engaño burdo, relamente estamos ante una operativa minuciosamente
diseñada en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Así lo pone de
manifiesto el testimonio coincidente de centenares de personas.
Gracias
a la labor asociativa y a las redes sociales, este fenómeno "tan
desconocido pero de gran alcance y en el que han operado redes delictivas con
gran impunidad" va superando poco a poco la invisibilidad y ha
tenido relevancia mediática, ha merecido atención delConsejo General del Notariado y parece que de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Para Galán, el reto ahora es implicar al Ministerio
Fiscal, que tendría que impulsar las investigaciones judiciales, así como a la
Agencia Tributaria "porque no sólo estafan a las víctimas, nos
estafan a todos en estas operaciones opacas".
Dijo
ser consciente de la limitación de las competencias autonómicas en la materia,
pero realizó tres peticiones a los diputados aragoneses:
-
Impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2009 en el ámbito autonómico
y, en particular, la posibilidad de creación de un registro de prestamistas en
Aragón, pero "que sirva para algo, no sea sólo más
burocracia", que se haga "para lograr mayor
transparencia y ejercer mayor control".
-
Conseguir que el Gobierno de Aragón ejerza sus competencias en materia de
consumo realizando operaciones de oficio sobre estas tramas con apariencia
legal.
-
Y favorecer la interlocución con los representantes de sus mismos partidos en
Madrid, para que se nos escuche también en las Cortes Generales.
El
objetivo final ha de ser "la reparación de las
víctimas" pero también "la prevención de nuevos
dramas familiares".
IU: "UNA
REALIDAD QUE LA SOCIEDAD DESCONOCE"
Seguidamente
tuvo lugar un turno de intervenciones de los distintos grupos con
representación en la cámara.
En
primer lugar, Luis Ángel Romero, portavoz de Izquierda Unida en la
Comisión, aseguró que "cuando uno cree que lo ha visto todo, nos
encontramos con cosas como las que se han relatado". Reconoció
que la primera vez que escuchó hablar de estos hechos lo recibió con cierta
incredulidad, pero que "cuando entras a conocer en profundidad la
actuación de ciertos prestamistas y ciertas operaciones, te das cuenta de que
existe una realidad que la sociedad desconoce". "Estamos
hablando de personas que recurren a estas fórmulas para financiarse y se
encuentran con un modus operandi inaceptable".
Para
el parlamentario de IU-Aragón, "hay leyes aprobadas que no se
cumplen y es increible que, ante esta situación, no actúe de oficio el
Ministerio Fiscal".
Valoró
positivamente la comparecencia de personas que "han venido aquí
para decirnos que se sienten engañadas, que no son los únicos sino que en
Aragón y en otras comunidades autónomas hay muchas familias en la misma
situación, y que han creado una asociación para sensibilizar a la sociedad de
este problema y conseguir que los poderes públicos y la Justicia actúen".
Anunció
por ello la presentación de una Proposición no de Ley para pedir que se
atiendan las reinvidicaciones formuladas por ADEVIF.
CHA: "NOS
HABÉIS MOSTRADO LAS CLOACAS DEL SISTEMA PSEUDOFINANCIERO"
José
Luis Soro, de Chunta Aragonesista, agradeció a
los comparecientes mostrar "las cloacas del sistema
pseudofinanciero, que campan a sus anchas y se ceban con los más
desfavorecidos". Expresó su deseo de que la exposición en las
Cortes aragonesas de este problema poco conocido "no sólo sirva
para remover la conciencia de los diputados sino como altavoz para que la
sociedad lo conozca".
Calificó
de "indecente" la actuación "de un
culpable, el prestamista", pero también rechazó la conducta "de
muchos cómplices, como algunos notarios", así como la "inacción
del Ministerio Fiscal y de la Justicia".
Recordó
la pregunta parlamentaria que formuló en el Congreso su
compañero Chesus Yuste y la respuesta del ejecutivo.
El
diputado de CHA considera que la ley de 2009 situó en notarios y registradores
el control de la legalidad sin habilitar instrumentos para ello y cree
que "no funciona", con independencia de que "lo
que ocurre en algunas notarías no es casual".
Manifestó
su compromiso con una causa "que también es la nuestra" y
anunció igualmente su voluntad de impulsar las medidas posibles: "Que
lo poco que hay al menos se cumpla".
PAR: "HAY
QUE SITUARLO EN EL ÁMBITO PENAL"
Manuel
Blasco, del PAR, consideró que a pesar de las
referencias a las leyes y a la necesidad de control, "estamos
hablando de tramas financieras ilegales" que buscan las fórmulas
para conseguir un "incumplimiento flagrante de la ley" y
que lamentablemente "van un paso por delante" de
ésta. Cree por ello que es un fenómeno que trasciende el ámbito político y que
hay que situar sobre todo en la esfera penal.
Mostró
su extrañeza ante lo manifestado por ADEVIF respecto a la actuación de
concretos notarios y a la falta de respuesta del Ministerio Fiscal.
Se
pronunció a favor de impulsar las medidas necesarias en el marco de las
competencias autonómicas, aunque cree que la respuesta principalmente tendrá
que venir de la Justicia.
PSOE: "HAY
QUE PERSEGUIR A QUIENES, CON APARIENCIA LEGAL Y ESTRATEGIAS MUY PENSADAS,
BURLAN LOS CONTROLES"
Por
el Grupo Socialista intervino Victoria Broto, quien agradeció a los
comparecientes "traer a esta cámara el drama que sufren muchos
ciudadanos", pues cree que la Comisión precisamente sirve "para
que no queden en el olvido muchos problemas". Expresó su
felicitación por la creación de una asociación de afectados y por la labor de
difusión en los medios informativos, así como por las próximas Jornadas programadas en Madrid.
Coincidió
en que "la crisis y la falta de trabajo hace que las familias
busquen soluciones a sus problemas económicos y se encuentren con unos
desalmados que forman tramas financieras ilegales".
"Aquí
hemos hablado de hipotecas, de desahucios, etc., pero ahora estamos ante un
paso más -precisó-, no nos confundamos,
estamos ante un engaño delictivo". Por ello, "hay
que hacer cumplir la ley y perseguir a aquellas empresas que, con apariencia
legal y con estrategias muy pensadas, burlan los mecanismos de control".
Anunció
también su voluntad de promover una proposición no de ley en el sentido
solicitado por ADEVIF y expresó su deseo de que sea aprobada por unanimidad en
la cámara.
PP: "DESCONCIERTO" ANTE
UNAS TRAMAS QUE "VAN MÁS ALLÁ" DE LAS RECIENTES
REFORMAS LEGALES
Finalmente, Ramón
Celma, del Grupo Popular, se reconoció "desconcertado" porque
inicialmente pensaba que la reforma en materia de protección a los deudores
hipotecarios podría dar respuesta a estas situaciones, pero se había encontrado
con la descripción de una realidad que va mucho más allá.
Supuso
que estaríamos "ante situaciones excepcionales" y
pidió a los comparecientes algunas aclaraciones sobre la operativa de
estas redes.
Finalmente
mostró su disposición a colaborar en dar respuesta a las peticiones formuladas
por los afectados y consideró positivo que se mantenga alguna entrevista con el
Director General de Consumo del Gobierno de Aragón.
ADEVIF: "QUE
NO TERMINE HOY ESTE DIÁLOGO, SINO QUE EMPIECE"
En la
contestación a los portavoces parlamentarios, el presidente de ADEVIF, Rafael
Pozo, explicó que a veces los datos a los prestamistas privados les llegan por
parte de empleados de los propios bancos. Y aseguró que hay abogados vinculados
a los partidos políticos defendiendo a algunos de estos estafadores, por lo que
pidió a los grupos que lo eviten.
Belén
Martínez contestó al portavoz del PP aclarando que no son casos excepcionales,
sino muy numerosos. Precisó que en las notarías no se da fe de la cantidad
recibida. Y que ADEVIF ha formulado denuncias "con nombres y
apellidos". Agradeció la acogida de la cámara: "Nos
hemos sentido muy arropados" y recordó que los mecanismos
legales, para funcionar, "tienen que estar activos y en
alerta".
Cerró
la comparecencia el abogado Carlos Javier Galán, quien explicó al diputado del
PAR que a veces los controles administrativos también dificultan la comisión
del delito.
Precisó
que el objetivo último de estas tramas siempre es apoderarse de un inmueble con
un desembolso real irrisorio. Y que los tres ejes del modus
operandi son un capital declarado superior al realmente recibido, unos
intereses de demora abusivos en torno al 29 %, y una valoración muy baja del
inmueble sin tasación profesional.
Pidió
que "si es verdad que los delincuentes van un paso por delante de
la ley, al menos no seamos nosotros quienes nos quedemos diez pasos por detrás
en la respuesta legal" y manifestó su deseo de que "no
termine ahora este diálogo enriquecedor, sion que haya empezado hoy".
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