6/7/2013
Por Inmaculada de la Vega
- Los
prestamistas privados que se hacen pasar por particulares se quedan con las
viviendas de los deudores
- Los jueces de lo penal suelen archivar
las denuncias
Una registradora de una pequeña
provincia está decidida y ha dicho basta. No todos ponen el mismo celo. También
son escogidos los notarios que se prestan a hacer lo que la registradora,
negándose a inscribir, va a evidenciar: en España si quien presta es un amigo,
un familiar —alguien que lo hace de forma no profesional—, no hay ley que
proteja al que lo recibe.
Aprovechando ese boquete proliferan los
prestamistas que, cuando el banco le cierra la puerta a alguien y apoyándose en
su situación de angustia financiera, se ofrecen a prestarle y a refinanciar.
Pero, eso sí, le piden las escrituras de la casa. Algunas veces de la suya y de
la de sus padres.
Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.
Sin saberlo, el deudor, se mete en un pozo del que para, teóricamente, sacarle, el prestamista, que lo hundió aún más, le puede proponer hasta un segundo y un tercer préstamo, siempre respaldado por escrituras de un inmueble libre de cargas. Así hay quien, por tapar una deuda de 10.000 euros, ha perdido su casa.
La víctima ideal está angustiada y
conviene que no tenga formación financiera, pero no es imprescindible. En
ocasiones piden el préstamo para emprender el negocio o comprar un coche,
seguros de la seguridad y la legalidad de la operación que se firma ante
notario.
¿Cómo encuentra el prestamista a la
víctima? En el caso de Rafael del Pozo fue en la propia
sucursal del banco donde le dieron el nombre del prestamista "que
estaba ayudando a muchos en la zona". En el de María del Carmen
Aranda, el prestamista "no llamó al telefonillo, subió
directamente a casa".
Su amarga experiencia se jalona de
abogados que abandonan el caso después de dilatarlo y jueces que archivan. Mala
suerte.
Israel, Dani..., son muchos los
afectados a los que se lleva a la notaría con la promesa de firmar un nuevo
préstamo en condiciones favorables para tapar una deuda o afrontar un pago y,
tras dos horas de espera, les dan una pequeña cantidad inicial, el resto, les
dicen, se lo dará la entidad financiera —de la que incluso llevan ofertas
vinculantes— tras firmar unas letras de cambio.
Se trata de una hipoteca cambiaria, y
estas letras se endosarán a un tercero o un cuarto para que quien, —pasados
seis meses de buenas palabras y dilaciones—, ejecute y se quede con la casa no
sea el mismo que captó a la víctima. "Todo el que entraba perdía
la casa", explica un testigo de estas situaciones. Es difícil que
se pueda saldar una deuda en seis meses cuando el dinero que se les da es solo
parte de lo que necesitan, y mucho menos del que consta en la escritura, pero
los intereses de demora pueden llegar al 29%.
Del Pozo, que preside una asociación para
agrupar a gente en su misma situación, lo corrobora: "Directa o
indirectamente alguien de la entidad financiera te pone en contacto con el
prestamista. Nunca te dan todo el dinero que consta en la escritura ante
notario. Además, se retiene parte como gastos, comisiones..., se impone un
interés alto. Se promete la firma de un crédito futuro reunificando las deudas
pero nunca llega el día de cancelar el préstamo y firmar el nuevo y, mientras,
los intereses suben y suben". También es común que se falsifiquen
documentos y firmas. En el caso de Rafael, cuando consiguió, tras presionar,
que le dieran al fin copia de la escritura, vio que "había firmado
unos pagarés con intereses de demora de 15.000 euros al año y se había metido
la vivienda de mi madre".
También a Israel le falsificaron la
firma, el prestamista cambió de domicilio y cuando quiso ir a pagar, antes del
vencimiento la letra, se había endosado a un tercero ilocalizable. En el caso
de María del Carmen, que vive en Toledo, hicieron constar que había trabajado
con ellos o que su pareja vivía en Madrid cuando nunca ha sido así. "Supuestamente
te prestan dinero, pero la cantidad nunca llega al banco. Yo les insistía que
me refinanciaran y me decían: 'Tú tranquila, que no te pasa nada' y así pasa el
tiempo hasta que vienen a por ti, a saco", explica. El primer
prestamista le pasó a un segundo, y da nombres porque además la empresa opera
en Toledo a plena luz del día.
En su web puede verse que tanto ayuda a
embargados como busca inversores. Aparte de falsificar documentos si hace
falta, también piden hipotecas sobre la casa ejecutada a nombre de un
insolvente para seguir haciendo caja, pero nunca viene mal el dinero externo.
Algunas de estas sociedades operan en
varias ciudades y cuentan con testaferros que dirigen a inversores que
invierten en estos préstamos sin regular que acaban en el 99% de los casos en
desahucio.
Los prestamistas son inclementes. Al
segundo impago, ejecutan y se quedan con la casa. De eso se trata. Es un
negocio seguro: prestan 10.000 euros y obtienen un inmueble que, como mínimo,
puede valer 10 veces más.
La mayoría no reclama en los tribunales.
En muchos casos están arruinados y destrozados anímicamente. Además, "en
el procedimiento de ejecución hipotecaria el juez no puede ver el
abuso", explica un testigo. El afectado no puede alegar nada ante
el juez en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Por ejemplo, que se les
pide que devuelvan unos intereses calculados sobre una cantidad que nunca
recibieron. A este mundo del préstamo (fingido) no ha llegado la sentencia de
Estrasburgo: no hay cláusula abusiva que alegar.
Juan Puche, otro afectado, tiene la
valentía de recoger en un blog los testimonios y denuncias, y sigue el rastro,
entre otros, de Antonio Arroyo Arroyo.
Carlos
Galán, abogado de la Asociación de
Estafados Victimas Financieras,
a la que pertenecen Rafael, María del Carmen y Juan, explica que Arroyo Arroyo
está imputado al menos en una decena de juzgados de Madrid por presuntos
delitos de estafa. Tiene a su nombre, según el abogado, un buen número de
derechos sobre hipotecas vivas y es incalculable el número de las ejecutadas o
las que tiene a nombre de sociedades.
Hablamos de dinero, mucho dinero.
¿Connivencia notarial? "Es difícil de probar. Sí está clara alguna
mala praxis y algunos, tras declarar en procedimientos de estafa, siguen
actuando igual", explica Galán.
En opinión del abogado del bufete Alberche, sería clave que el Ministerio Fiscal entendiera que
son tramas organizadas que actúan en toda España. "Muchos jueces
de lo Penal archivan las querellas porque consideran que es una mera
irregularidad administrativa que el prestamista no esté dado de alta en el
registro obligatorio y, por cierto, inoperante, desde 2009", aclara
el abogado.
Los jueces dan por hecho la validez del
reconocimiento de deuda, la escritura firmada ante notario con una cantidad
que, en realidad, nunca reciben. Sí ha habido una ocasión, en Alicante, en que
un juez marcó el camino: que sea el prestamista el que demuestre que ha pagado
realmente esa cantidad y no al revés. Su sentencia es una gota de agua en un mar
de desdichas.
Volvamos al principio: la registradora
de que hablamos (en realidad no es la única que ha actuado así) tiene en sus
manos la escritura hipotecaria, ha cruzado datos y descubierto que la misma
persona ha dado 38 hipotecas más, lo que equivale a descartarla como particular
y considerar que se dedica profesionalmente a ese negocio. Algo que no parece
haberle llamado la atención al notario, el mismo en las 38 ocasiones.
¿Cuál es la diferencia entre profesional
y particular? Que estos pueden usar el procedimiento de ejecución hipotecaria
sin someterse a ningún control previo ni negociación posterior. Mientras que,
si se tratase de un profesional, además de estar inscritos en el registro del
Instituto de Consumo, deben contar con un seguro de responsabilidad por si
cometen irregularidades presentar ofertas vinculantes..., desde que en 2009 se
reguló el préstamo por entidades distintas de la banca y cajas. (Que, por
cierto, es otro capítulo que Adicae ha documentado).
Uno de los registradores que denuncia
esta situación propone que se vuelva a la situación anterior a la de la
aprobación de la Ley de Ejecución Hipotecaria, cuando solo estaban facultadas
las entidades de crédito para determinar la deuda y no como ahora, que puede
hacerlo el acreedor.
Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.
Hoy por hoy, estos morosos destapan una situación en la que parece que ni Hacienda controla, ni Economía y Justicia dictan normas de protección, ni Consumo interviene, ni los jueces, salvo excepciones, dan amparo.
CUANDO EL NOTARIO OCUPA SU SITIO
¿Qué dice, por alusiones en la historia, un notario? Que cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar la intervención notarial para dar seguridad a una transacción. “En una escritura se reconoce la deuda y el compromiso de pagarla. Es el título ejecutivo que evita discutir en un juicio si era o no verdad que te deben ese dinero frente a una reclamación futura. Permite acudir al juez y que ejecute la deuda. Pero la fe pública tiene que defender a ambas partes y ser equilibradora, y cuando viene un particular a prestar dinero a otro, tenemos que hacer un control de legalidad”, indica Ignacio Navas Olóriz.
Aclara que, desde 2010 se inició una política de control de transacciones financieras más rigurosa: “Todas las sociedades deben identificar a la persona física que posea más del 25% del capital y, desde 2006, en la notaría se tienen que identificar los medios de pago: el prestamista tiene que decir de qué cuenta ha salido y a cuál ha ido el dinero, justificar el importe prestado y, para desarrollar esa actividad profesionalmente, tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. ¿Manera de burlarlo? Decir que el prestamista es un familiar o amigo. Por eso mismo, el notario debe cerciorarse de que no se dedica profesionalmente al préstamo, y si se da cuenta de que es una actividad habitual está obligado a hacerle el control de legalidad, exigir la inscripción en el registro, una oferta vinculante...”.
Con las escrituras en la mano, firmadas por los citados en el reportaje, no duda: deben denunciar al notario ante el colegio notarial correspondiente.
Alberche dijo...
Brillante artículo éste de Almudena de la Vega en El
País. Da en el clavo de un problema demasiado silenciado.
muy bien que el notario anime a denunciar a las ovejas
negras de su profesion
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