10/4/2014
ADEVIF
interviene en las Cortes de Aragón y reclama medidas para poner freno a los
prestamistas sin escrúpulos
Luz
y taquígrafos y más control a los prestamistas privados que ahora campan a sus
anchas es el mensaje que recibieron en la mañana de ayer los diputados de las
Cortes de Aragón por parte de ADEVIF
(Asociación de Estafados Víctimas Financieras), en la comparecenciadel
presidente de esta entidad Rafael Pozo, su abogado, Carlos
Galán y uno de los numerosos afectados
en nuestro país como es Belén Martínez.
La
crisis económica ha generado esta forma de financiación bastante extraña y
abusiva por la que muchos particulares han visto embargados casi todos sus
bienes. Los afectados aseguran que en muchas ocasiones este tipo de estafas
esconden otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales y la evasión de
impuestos. Esta comparecencia surgen días antes que el Juzgado de Instrucción
número 3 de Madrid dictara un auto inhibiéndose a favor de las actuaciones de la
Audiencia Nacional. El próximo sábado en el Colegio de Abogados de Madrid
tendrá lugar una jornada para analizar más a fondo la problemática de las
estafas hipotecarias.
Más
de un millar de familias afectadas y un centenar de asociados, cantidad que se
incrementa de forma continuada en esta España en crisis, configuran ADEVIF,
asociación de carácter nacional con afectados por prestamistas sin escrúpulos.
Su abogado, Carlos Galán, letrado de la Asociación de Estafados Víctimas
Financieras (ADEVIF), propuso este martes crear un Registro autonómico de
prestamistas privados para evitar las estafas: “ De momento elregistro estatal no funciona y hay que ver la manera de controlar
este tipo de actividad muchas veces fraudulenta”. Desde su punto de vista ese Registro tiene sentido si
sirve para ejercer mayor control y transparencia a estas prácticas. Galán
indicó que en los últimos años"han proliferado" empresas
financieras e intermediarias, así como prestamistas de capital privado,
implantándose un procedimiento de concesión de créditos que "en
otros países funciona bien", pero en España "está
poco regulado" e impera "un poco la ley de la
selva". Ha apuntado que estas prácticas se normativizaron en
España por primera vez en 2009.
En
el caso del Gobierno de Aragón, que tienen competencias en consumo, fue el
propio Galán quien les comentó la posibilidad que pudieran actuar de oficio y
hacer inspecciones a esas empresas que dan esos créditos con condiciones muy
leoninas.
ADEVIF
está defendiendo a estas personas estafadas, subrayó Galán, quien ha dejado
claro que algunos casos entran dentro del ámbito de lo penal, ya que en algunas
ocasiones "se induce" a algunas personas a "hacer
una disposición patrimonial a base de engaños". En otros casos se
firman préstamos por una cantidad muy superior a la que se recibe.
También
este letrado sugirió a los diferentes grupos parlamentarios reunidos en esta
comparecencia, que, salvo el PAR Aragones, tiene representación en Madrid, su
colaboración para que este colectivo de afectados pudiera tener otra reunión de
estas características con el propio Congreso de los Diputados, al ser el
problema de extrema gravedad y tener afectados en toda España.
Por
su parte, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, lamentó que "nuestras
denuncias se pierden" en los juzgados, criticando la "negativa
total a investigar", el archivo de denuncias. Agregó que "no
sabemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción" y ha criticado que
la justicia sea lenta para aplicar el Derecho "pero muy rápida
para embargar".
Afirmó
que algunos jueces "dan por buenos" los documentos
que presentan determinados notarios sin comprobar si están manipulados o
falsificados "y nos exigen el oro y el moro para demostrar nuestra
inocencia". También destacó el "pasotismo
total" de Hacienda, añadiendo que algunas estafas sirven para el
blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.
En
su turno de palabra, la afectada Belén Martínez aseguró que este es "un
tema de Derechos Humanos", añadiendo que los perjudicados "somos
los más vulnerables". Habló de la doble victimización, es decir
sufres la estafa y luego la persona se encuentra desamparada sin saber dónde
reclamar tus derechos. Y apuntó con amargura que los prestamistas "están
campando a sus anchas en los juzgados y no pasa nada".
ACTUACIÓN
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En
otro orden de cosas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid dictaba hace unos
dias un auto, notificado el 14 de marzo a las partes, en el que acuerda
inhibirse de las denuncias presentadas por distintos afectados contra el
controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo a favor de la Audiencia Nacional, por entender
que es este órgano el competente, por el alcance de la trama y el elevado
volumen de afectados.
La
magistrada Isabel Durántez había acumulado en unas mismas
Diligencias Previas todas las acciones que habían sido turnadas a su juzgado
contra Arroyo y sus colaboradores, un total de ocho denuncias de un total de
once víctimas.
Ahora,
a la vista de la grabación del programa de Equipo de Investigación de La SextaPréstamos envenados, aportado al Juzgado por los abogados Benito Polo y
Carlos Javier Galán, así como de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la AN por
ADEVIF, ha entendido que procedía la inhibición a favor de este órgano
judicial, al objeto de que se abra, como pedía esta asociación, una
investigación global sobre esta red delictiva.
El
auto sostiene que "existen indicios de que los hechos denunciados
por numerosísimos afectados son similares y podrían ser constitutivos de un
delito de estafa continuada cometido por Antonio Arroyo y sus
colaboradores". Por ello, "teniendo en cuenta la
información suministrada recientemente por los letrados Benito Polo Sánchez y
Carlos Javier Galán Gutiérrez, el contenido de la grabación por ellos
presentada y la copia de la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía de la
Audiencia Nacional por parte de la Asociación de Afectados Víctimas Financieras
(ADEVIF), resulta procedente acordar la inhibición a favor de la Audiencia
Nacional".
La
juez subraya "la necesidad de investigación y enjuiciamiento
conjunto de todas las diversas denuncias presentadas contra Antonio Arroyo
Arroyo y las personas que con él colaboraban. En este caso, además de concurrir
la conexibilidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, resulta absolutamente conveniente para la propia valoración de los
hechos tal acumulación, puesto que no es lo mismo la conclusión a la que puede
llegarse analizando cada una de las operaciones llevadas a cabo por el sr.
Arroyo Arroyo de manera aislada que la conclusión a la que se puede llegar
desde una perspectiva global de su actuar reiterado, repetido en el tiempo y
cometido siempre de manera similar".
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