5/4/2014
La Asociación
de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF) pide activar un registro para
empresas y prestamistas privados, que "actúan al margen de la ley"
El
caso de Lucía Soria es de los que deja boquiabierto. Por increible y por
indignante. A esta navarra de 62 años que vive en Zaragoza desde hace más de 40
la van a desahuciar el 4 de abril porque vendió "sin saberlo"
su casa, donde vive con su marido, enfermo irreversible, y su hijo, en
tratamiento psiquiátrico. Es uno de los cientos de ejemplos que reúne la Asociación de
Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF),
creada en 2010 para "defender los intereses de quienes han sido
engañados para realizar una disposición patrimonial en su perjuicio",
define su abogado, Carlos
Galán.
En
el origen de la pesadilla que vive Lucía está, según explica desesperada, una
mala praxis de Caja Laboral, que, en lugar de otorgarle un crédito como
autónoma para reformar su negocio, hipotecó su vivienda, que ya estaba pagada.
Al poco tiempo, el esposo de Lucía sufrió una serie de enfermedades que le
dejaron incapacitado para seguir trabajando. Así que se vio obligada a
traspasar la panadería-quiosco de prensa que regentaba hasta entonces. Pero a
día de hoy no lo ha cobrado, por lo que no puede saldar su compromiso con la
entidad bancaria.Interban, consultores financieros e inmobiliarios, se ofreció a hacer de intermediario para refinanciar
la deuda, pero acabó vendiendo su piso -situado al lado de la plaza Roma y
"valorado en 37 millones de pesetas", matiza- a otra persona,
"el supuesto prestamista privado", por 80.000 euros, "haciéndome
creer que era un traspaso de hipoteca, pero en realidad estoy de alquiler en mi
propia casa", relata. "Me enteré en una reunión de la
comunidad. Me extrañaba que ya no me pasaran los recibos, pregunté y ahí salió
todo", explica.
El
Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, participó ayer en la Comisión de
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, donde detalló
el problema de las empresas financieras y prestamistas privados. Esta
asociación, que nació por iniciativa de Pozo, aglutina a un centenar de socios
en toda España y pide activar un registro para quienes se dediquen a esta
actividad. Sus miembros denuncian que "la regulación se queda corta y
hay un total incumplimiento", así como "dejadez judicial y
política ante los abusos y estafas" dechiringuitos
financieros que "inducen a vender la vivienda propia en la creencia
de que se está aportando como garantía de un préstamo por el valor de esa casa,
con la falsa promesa de que, cuando reintegre el crédito, le será devuelta".
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